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09 abril

Se le está acabando el tiempo al régimen del IVM, mientras que las soluciones paliativas aún no prosperan.

 

La Semana Santa se vivió con un sol radiante, elecciones y un aumento de un 1,55% en el monto de pensiones para beneficiar a unos 260 mil jubilados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Sin embargo, después de seis meses de diálogo entre empresarios, sindicalistas y el Gobierno, no se ha resuelto ninguna de las medidas propuestas para hacer sostenible el régimen de pensiones.

Se trata de aumentar la edad del retiro, aprovechar los fondos actualmente destinados a Asignaciones Familiares (Fodesaf) y Banco Popular, y combatir la informalidad.

Entretanto, el Gobierno ni siquiera cumple con sus deberes ante la Caja del Seguro Social.


El documento final fue presentado en noviembre y aún no ha sido aprobado debido a que la renuncia de uno de los miembros de la junta directiva de la Caja impide que sesione.

Las reuniones dieron como resultado 33 medidas que si bien ayudarán a mejorar los recursos del sistema, solo sirven para patear la bola por unos años y dar mayor tiempo a la toma de decisiones: la crisis que tendría lugar en 2032 se extendió a 2038.

En cuanto a la edad de retiro, se rechazó poner en discusión la modificación de esa (62 y 65 años para mujeres y hombres, respectivamente), o el número de cuotas (300).

Y es que los cambios en la esperanza de vida, en la estructura poblacional y del mercado laboral no hacen más que poner presión al régimen.

En el IVM, como todo régimen solidario, quienes trabajan en la actualidad sostienen con sus aportes las pensiones de quienes ya están jubilados.

En 1970 había ocho adultos mayores por cada 100 menores de 14 años, el año pasado la cifra escaló a 35 por cada 100 menores de 14 años, es decir que cada vez es mayor el peso de la población adulta sobre la joven.

Pero no solo se trata de la proporción entre adultos mayores y jóvenes, sino también de que la esperanza de vida es mayor, por lo que la pensión debe extenderse en el tiempo.

En 1970, la esperanza de vida en Costa Rica era de 65 años, y hoy es de casi 80 años.

Otro tema pendiente es la transferencia al IVM de los montos pagados al Fodesaf, así como al Banco Popular, en ambos casos de parte del patrono.


En el caso de Fodesaf, se trata del 5% del salario, mientras que en el Banco Popular es del 0,5%.

La informalidad laboral también mete presión a las pensiones. Actualmente el 70% de los asalariados están realizando aportes al sistema de pensiones, al tener un empleo formal.

Sin embargo, la informalidad se ha mantenido en alrededor del 30% desde 2010 en este grupo.

Si ese porcentaje fuera formal, y suponiendo un salario promedio de ¢450 mil, el sistema de pensiones estaría recibiendo, al menos, unos ¢240 mil millones adicionales.

Otro de los problemas que enfrenta el régimen es el impago del Estado.

Entre las reformas que aprobó la Caja en 2015, está el aumento de su aporte del 0,58% al 1,24%.

El Gobierno sigue pagando el 0,58%, aduciendo que por traslapes en la formulación de los presupuestos el aumento no ha sido incluido.

La Caja mantiene la diferencia dentro de una cuenta por cobrar, pero si el Estado no pagara se tendría que recurrir a los intereses generados por la reserva de inversiones, lo que aceleraría la crisis.

Hasta ahora, han sido tres estudios los que, con poca diferencia, han anunciado que dentro de los próximos 20 años el sistema entrará en bancarrota y por ello la Caja aprobó una serie de cambios entre los que se incluye el aumento del aporte del trabajador y del Estado, ambos vigentes.


INFORMALIDAD Y APORTES

El pase a la formalidad de los miles de empleados informales aportaría al IVM, al menos, unos ¢240 mil millones (cálculo aplica para 12 salarios al año).

  • 434 mil empleados informales (en relación de dependencia)
  • ¢450 mil salario promedio
  • 10,2% es la cotización total al IVM (empleado + patrón + Estado)
  • ¢240 mil millones es lo que recibiría la Caja

MEDIDAS EN ESPERA

Las 33 recomendaciones de la mesa de diálogo se encuentran a la espera de su implementación, aquí, las más importantes.

  • Aumento de cuotas cada tres años y no cada cinco, de medio punto porcentual de forma proporcional entre patronos, trabajadores y Estado, llegando a un 12,16% para 2029
  • Trasladar fondos de Fodesaf y aporte del Banco Popular vía proyecto de ley, lo que inyectaría ¢85 mil millones anuales.
  • Que la administración del fondo de pensiones establezca como meta de rendimiento real sobre el fondo de inversión un porcentaje de 4,8%.

CAMBIOS

Los cambios en la población han hecho que sea cada vez más difícil el sostenimiento del IVM.

OTRAS VOCES

Participantes del tema opinan al respecto


Franco Arturo Pacheco
Presidente
Unión de Cámaras

Consideramos necesario analizar la situación del IVM, basados en los estudios actuariales de la UCR y tener acceso a todos los recursos técnicos necesarios, con el único objetivo de formar un mejor criterio; pero ahora, el Gobierno pretende crear mesas paralelas a la junta directiva que vienen a cuestionar y solicitar revocatoria de los acuerdos tomados, lo que acrecienta la ingobernabilidad del país. (declaraciones dadas en noviembre anterior).
 



Róger Porras Rojas
Director ejecutivo
Jupema

La discusión de la mesa de diálogo tuvo dos aspectos de vital importancia: incorporó a todos los sectores y da un seguimiento quinquenal del IVM, lo cual permite un monitoreo frecuente. Todavía no se puede realizar ninguna evaluación sobre las medidas, porque la junta directiva de la Caja está analizando las recomendaciones presentadas. Sin embargo, se puede rescatar que fue un importante acercamiento entre empresarios, trabajadores y el Gobierno.
 



Luis Mesalles
Economista
Ecoanálisis

Son medidas que de alguna manera corrigen algunas cosas, pero no son drásticas. Hay que estar claro en que estas no solucionan el problema estructural de largo plazo.
 



Jaime Barrantes

Gerente de pensiones Caja del seguro social

Lo adeudado por concepto  del cobro del  0,66%  aún no ha sido reconocido por el Gobierno. En caso de que estos recursos no ingresen al Sistema se  requeriría utilizar más de los intereses generados por la reserva de inversiones o en su defecto aplicar algunas otras medidas alternativas.

Noticia publicada en el periódico La República el día 04 de abril del 2018.

En las postrimerías de este triste y francamente olvidable período presidencial, dos clases de políticos están en ardua competencia por hacer una última trastada. Y si se salen con la suya, los costarricenses podremos despedirnos de nuestras pensiones.

Desde hace más de un año, he venido advirtiendo que los principales sistemas de pensiones del país están encaminados a la quiebra. Los del Poder Judicial y el Magisterio sucumbirán bajo el peso de un generoso —e irresponsable— esquema de beneficios que no puede ser financiado con las contribuciones de sus afiliados. Hablo, por supuesto, de las odiosas pensiones de lujo que ambos regímenes procrean.

Si dichos regímenes se mantienen aún a flote, es únicamente porque el Estado costarricense — entiéndase el pueblo camello que paga impuestos— les hace aportes muy por encima de lo que nos dan a los ciudadanos comunes condenados a recibir las migajas del régimen de la Caja.

El IVM, por su parte, sucumbirá a un diseño piramidal perverso, que exige aportaciones cada vez más elevadas a cambio de beneficios cada vez más miserables, y que es insostenible a mediano plazo ante los muy marcados cambios demográficos que el país ha sufrido en las últimas cuatro décadas, sin que políticos ni administradores del régimen hicieran algo para sanearlo.

 

Por si lo anterior fuera poco, el único refugio formal que tenemos los costarricenses —las pensiones complementarias y las voluntarias— están ahora bajo ataque de los buitres de la política tradicional. De un lado tenemos a los genios que creen que legislar es plasmar en ley cualquier ocurrencia que les rebote en su usualmente hueca cavidad cerebral. Del otro, tenemos a los promotores de la voracidad tributaria, que siempre viene precedida de la irresponsabilidad fiscal, pero arropada bajo el manto de la urgencia de resolver el problema que ellos mismos crearon con su dispendiosa propensión. Ambos han descubierto el irresistible tesoro de los fondos de pensiones privadas, y desean meterles sus sucias garras.

Saqueo. El diputado Jorge Rodríguez (PUSC, Cartago) presentó un proyecto de ley “para fortalecer el IVM” que pretende saquear el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), así como las pensiones complementarias (ROP) de los trabajadores. Según esta gracejada, se tomaría un 1,5 % del salario del trabajador, que normalmente iría a engrosar su FCL, para desviarlo al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja. Simultáneamente, se tomaría otro 1,25 % del salario del trabajador, que en condiciones normales sería destinado a su pensión complementaria, para también depositarlo en el IVM.

El problema con esta iniciativa es que tanto los recursos del FCL como los del ROP se depositan en cuentas individuales a nombre del trabajador. Si el dinero es desviado desde estas cuentas al IVM, el trabajador tiene que saber que lo que era dinero a su nombre pasaría a la buchaca común del IVM, donde los fondos son de todos los trabajadores, pero no son de ninguno en específico. Siendo que el IVM, por su diseño y falta de voluntad política para reformarlo, corre riesgo de quebrar, los trabajadores de hoy, y especialmente los más jóvenes, jamás volverán a ver su dinero.

No olvidemos que el FCL es parte del auxilio de cesantía que el trabajador puede disfrutar en caso de ruptura de su relación laboral. El ROP, por su parte, es una pensión adicional, que vendría a complementar la magra pensión que podemos esperar del IVM. Robarles recursos a ambos fondos para depositarlos en el barril sin fondo del IVM solo vendría a debilitar la estabilidad futura de cada uno de los trabajadores.

Nefasto precedente. Lo que este proyecto propone no es otra cosa que legalizar el saqueo de las cuentas individuales de los trabajadores. Su aprobación crearía un nefasto antecedente para los derechos de propiedad y la seguridad jurídica en nuestro país.

Como si esta noticia no fuera suficientemente mala, en el paquete tributario que el gobierno presentó y actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, aparece un artículo 27C que pretende someter los pagos de las pensiones complementarias (ROP) y voluntarias al impuesto de ganancias de capital. Persigue, en otras palabras, castigar el ahorro y desincentivar que los trabajadores asuman responsabilidad por la planificación de su propia jubilación.

El texto no es claro, y los diputados Ottón Solís y Sandra Piszk han dicho que no existe, al menos de su parte, la intención de gravar las pensiones. Sin embargo, la experta en impuestos y socia de la firma Deloitte, Carla Coghi, opina que ambos planes de pensiones “estarían quedando sujetos al 15 %”.

Ominosamente, cuando el periodista de La Nación Esteban Oviedo solicitó la interpretación de los padres de la criatura —los directores generales de Tributación y de Hacienda, Carlos Vargas y Priscila Piedra respectivamente—, respondieron que “debido a que aún en este momento está en revisión el texto referido a este tema, no pueden dar respuesta a las consultas hasta tanto dicho tema no haya sido dilucidado”. ¡La transparencia, pasala!

No cabe la menor duda de que estamos ante dos de los mayores problemas que enfrenta hoy Costa Rica: la crisis fiscal y la insostenibilidad de los regímenes de pensiones. No podemos permitir que se dilapide el ahorro de los trabajadores en aras de solventar el déficit.

Las verdaderas soluciones, aunque poco populares, son harto conocidas. La divina providencia, o la intercesión de Stephen Hawking, nos libre de las ocurrencias descabelladas y la glotonería fiscal de quienes nada han hecho por implementarlas.

 

Artículo de opinión publicado en La Nación el 09 de Abril del 2018.

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/su-pension-corre-grave-peligro/AJH5P4GOFJA5FKNO4D3LQZVAJQ/story/

 

 

La población asalariada está obligada a cotizar para una pensión complementaria, aparte de la del IVM.
La población asalariada está obligada a cotizar para una pensión complementaria, aparte de la del IVM.

La reforma fiscal que se tramita en la Asamblea Legislativa gravaría con un impuesto del 15% las pensiones complementarias y voluntarias.

Es decir, cuando alguien se jubile, el Gobierno se dejaría ese porcentaje de los ingresos que la persona reciba mensualmente por estas pensiones.

El tributo que se cobraría es el impuesto a las ganancias de capital, el cual se crearía con el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580). Este plan se tramita en una comisión especial mediante una vía rápida.

 

Sin embargo, no está claro si el 15% se cobrará sobre la totalidad del monto que las personas reciban por pensiones complementarias y voluntarias, pues estas se componen de dos factores: la devolución del capital que el beneficiario cotizó durante su vida laboral y los intereses que ese dinero ganó mientras la operadora de pensiones le administró los recursos.

Carla Coghi, socia de Impuestos & Legal de la firma Deloitte, explicó: “La novedad es que, según el artículo 27C (del proyecto), los planes de beneficio a los que se acojan los beneficiarios del ROP (régimen obligatorio de pensiones) y planes de pensiones voluntarios estarían quedando sujetos al 15%. La norma no es clara y no hace distinción sobre si la retención aplica sobre devolución de capital o solo sobre los intereses”.

Este medio solicitó aclaraciones al Ministerio de Hacienda sobre el tema. Sin embargo, la entidad se limitó al responder: “Indican Carlos Vargas, director general de Tributación y Priscila Piedra, directora general de Hacienda, que, debido a que aún en este momento está en revisión el texto referido a este tema, no pueden dar respuesta a las consultas hasta tanto dicho tema no haya sido dilucidado”.

El artículo 27C del proyecto establece cuáles ingresos de las personas serían gravados con el impuesto a las rentas de capital. Entre ellos, se incluye textualmente: “Los planes de beneficio a los que se acojan los beneficiarios del Régimen Obligatorio de Pensiones, y los beneficiarios de los planes de pensiones voluntarios”.

Actualmente, 2,5 millones cotizan para pensiones complementarias y 84.000 para voluntarias. Las primeras equivalen, en promedio, a un 15% del último salario del pensionado.

Sandra Piszk, diputada del PLN, es del criterio de que las pensiones complementarias y voluntarias no serán gravadas porque, en el artículo 28B del mismo proyecto, se exoneran "las rentas y ganancias de capital obtenidas por los fondos y planes de pensiones, así como el Fondo de Capitalización Laboral".

No obstante, Carla Coghi, de Deloitte, afirmó: "En el 28B, sobre exenciones, se indica que quedan exentos los fondos, no así los beneficiarios; en resumen, estos dos artículos (el 27C y el 28B) tratan cosas diferentes".

En todo caso, Piszk sostuvo que el espíritu del proyecto no es gravar las pensiones, aunque dijo que el articulado no está suficientemente claro.

"Me aseguran que están aclarando la redacción para que quede claro que no se están gravando", declaró la legisladora, quien consideró que cualquier ajuste que recaiga sobre pensiones sería inconexo y no podría ponerse en práctica con esta reforma fiscal.

Marco Redondo, legislador del PAC, también dijo que el tema de las pensiones estaba en análisis.

 

El impuesto sobre las ganancias de capital no afectaría las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, ni las de otros regímenes especiales vigentes. Su efecto es sobre las pensiones complementarias y voluntarias

Las pensiones ordinarias ya están gravadas con el impuesto de renta, siempre que superen los ¢799.000, al igual que los salarios. El nuevo plan fiscal no cambia esa situación, dijo la socia de Deloitte.

Las jubilaciones complementarias y voluntarias no pagan renta, a menos de que se haga un retiro anticipado de los fondos.

Las complementarias son las que se reciben en forma adicional a las básicas, gracias a una cotización obligatoria del 4,25% (3,25% del patrono y 1% del trabajador) que fue introducida en el año 2000, mediante la Ley de Protección al Trabajador. Estas son administradas por operadoras de pensiones.

En tanto, las pensiones voluntarias, reguladas en la misma ley, son las que las personas obtienen con base en una cotización adicional que se pacta, precisamente de forma voluntaria, con la operadora que deseen.

Cobro de 4% sobre comisiones

Por otra parte, el proyecto fiscal dice que se cobrará impuesto sobre el valor agregado (IVA) a las “comisiones pagadas a operadoras de pensiones según la Ley de Protección al Trabajador”.

Esto significa que el Gobierno se dejarían un impuesto del 4% sobre la comisión que, todos los meses, las operadoras de pensiones les cobran a los cotizantes por la administración de los fondos.

Para ello, la operadora tendría que tomar ese impuesto todos los meses de los rendimientos de los cotizantes y pasárselo al Gobierno.

 

Noticia publicada por La Nación el día 06 de abril

https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-pretende-cobrar-impuesto-del-15-a/GQP4GRSKAJAG7L3MUM3NYX4MUI/story/

 

Por PAUL KRUGMAN 31 de enero de 2018

Bit

CreditMark Lennihan/Associated Press

 

Hace poco, mi peluquero me preguntó si debería invertir todos sus ahorros en bitcoines. La verdad es que si los hubiera comprado hace más o menos un año, ahora estaría muy contento. Claro que los especuladores holandeses que compraron bulbos de tulipanes en 1635 también se sintieron muy satisfechos durante algún tiempo, hasta que los precios de los tulipanes se desplomaron a principios de 1637.

¿Acaso será cierto que los bitcoines están formando una burbuja gigante que al final producirá solo dolor? Sí. No obstante, se trata de una burbuja envuelta en un brillante tecnomisticismo y la protege un capullo de ideología libertaria. Si le quitamos toda esa envoltura, quizá podamos aprender algunas verdades de la época que nos ha tocado vivir.

Por si no has escuchado hablar del bitcóin, te diré que es el mejor y más conocido ejemplo de una criptomoneda, es decir, un activo que no tiene forma física, pues solo es un registro digital almacenado en computadoras. Lo que diferencia a las criptomonedas de las cuentas bancarias regulares, aunque también solo son registros digitales, es que su existencia no se conserva en los servidores de una institución financiera específica, sino que son distribuidos en muchos lugares.

Otra diferencia importante radica en que para verificar que tenemos criptomonedas no es necesario demostrar (y por lo tanto, revelar) nuestra identidad. Para verificar la propiedad de un bitcóin se utiliza una contraseña creada con técnicas derivadas de la criptografía —el arte de escribir o resolver códigos— que da acceso a la moneda virtual sin revelar información que no queremos proporcionar.

Parece un muy buen truco. ¿Y para qué sirve?

En principio, podemos efectuar pagos electrónicos con bitcoines. Sin embargo, para hacer pagos electrónicos también podemos utilizar tarjetas de débito, PayPal, así como otras plataformas, y resulta que los bitcoines son un medio de pago lento, inadecuado y costoso. De hecho, incluso los organizadores de conferencias sobre Bitcoin algunas veces no aceptan pagos en bitcoines de los participantes. En realidad, no hay ninguna buena razón para utilizar bitcoines en nuestras transacciones regulares —a menos que no queramos que nadie sepa qué compramos o vendemos, por lo que gran parte del uso real de bitcoines se asocia con las drogas, el sexo y otros artículos del mercado negro—.

Entonces, nos queda claro que los bitcoines no son en realidad efectivo digital. En cierta forma podríamos decir que son el equivalente digital de los billetes de 100 dólares.

Al igual que los bitcoines, los billetes de 100 dólares no son muy prácticos para nuestras transacciones ordinarias, pues la mayoría de las tiendas no los aceptan. No obstante, estos billetes con el retrato de Benjamin Franklin son populares entre los ladrones, los narcotraficantes y los evasores fiscales. Además, aunque la mayoría de nosotros solo veremos estos billetes unas cuantas veces en la vida, hay muchos en circulación —el equivalente a más de un billón de dólares, que es alrededor del 78 por ciento del valor del dinero estadounidense que se encuentra en circulación—.

¿Entonces los bitcoines son una mejor opción que los billetes de 100 dólares ya que nos permiten realizar transacciones secretas sin tener que andar cargando maletas llenas de efectivo? Tampoco es totalmente cierto, porque les falta una característica esencial: un vínculo con la realidad.

A pesar de que el dólar moderno es una moneda “fiduciaria”, puesto que no se respalda mediante ningún otro activo como, por ejemplo, el oro, su valor está garantizado porque el gobierno de Estados Unidos lo acepta, e incluso lo exige, para el pago de impuestos. Su poder de compra también es estable gracias a las medidas de la Reserva Federal, que reduce el dinero en circulación cuando se eleva demasiado la inflación, o inyecta más si quiere evitar la deflación. Además, por supuesto, un billete de 100 dólares representa cien veces el valor de ese dólar tan estable.

Por el contrario, un bitcóin no tiene ningún valor intrínseco. Si consideramos esta característica ausencia de un vínculo con la realidad, sumada a los contados usos que tienen los bitcoines en la práctica, podemos decir que se trata de un activo cuyo precio es especulativo casi al cien por ciento y, por lo tanto, de una volatilidad tremenda. Los bitcoines perdieron cerca del 40 por ciento de su valor durante las últimas seis semanas; si el bitcóin fuera una moneda real, esa reducción sería equivalente a una tasa de inflación de alrededor del 8000 por ciento anual.

Por cierto, al no tener ningún vínculo con la realidad, el bitcóin también está muy expuesto a la manipulación del mercado. En 2013 se descubrió que las acciones fraudulentas de un solo individuo al parecer hicieron que el precio del bitcóin aumentara siete veces su valor. ¿Ahora quién está manipulando el precio? Nadie lo sabe. Algunos observadores sospechan que Corea del Norte podría estar involucrada.

Pero ¿qué con las personas que compraron bitcoines casi desde un principio y han obtenido unas ganancias estratosféricas? Bueno, quienes invirtieron con Bernie Madoff también ganaron muchísimo dinero, o por lo menos tuvieron esa impresión, durante un buen tiempo.

Como señala Robert Shiller, el principal experto del mundo en burbujas económicas, las burbujas de activos son como “esquemas Ponzi naturales”. Los primeros que invierten en una burbuja ganan mucho dinero conforme el esquema va atrayendo a nuevos inversionistas, y esas ganancias atraen todavía a más personas. Este proceso puede continuar así varios años, hasta que ocurre algo —la situación real o se agota la reserva de posibles inversionistas— y se termina la fiesta de forma repentina y muy dolorosa.

Además, cuando lidiamos con criptomonedas, interviene otro factor más: no es solo una burbuja, sino que también ha generado una especie de culto, cuyos adeptos se dejan llevar por paranoias y fantasean que los malvados gobiernos les quieren robar todo su dinero (a diferencia de los ciberatacantes privados, que han robado cantidades impresionantes de fichas de criptomonedas). Algunos periodistas que escriben con escepticismo acerca del bitcóin me han dicho que es el tema que genera más correos con expresiones de odio.

Así que la respuesta para mi peluquero es “No, no debería comprar bitcoines”. Todo este asunto va a terminar muy mal y mientras más pronto, mejor.

 

Noticia publicada en el New York Times

Bonos de Costa Rica a un paso de ser más basura

 La calificadora de riesgo Fitch cambió ayer la perspectiva de nuestra calificación de riesgo de estable a negativa, algo que Moody’s ya había hecho un año atrás.

Noticia publicada por el Periódico La República el día 12 de enero.

https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-con-posibilidad-de-rebaja-en-calificacion-de-riesgo

 

Costa Rica con posibilidad de rebaja en calificación de riesgo
La incertidumbre sobre las acciones de la nueva administración del país hace que no se tengan claras las posibilidades en el tema fiscal, explica el informe de Moody’s. Shutterstock/La República
 

Costa Rica está entre los seis países del continente con perspectiva negativa de su calificación de riesgo, y con muchos “boletos” para una nueva rebaja en dicha nota por la falta de una solución fiscal.

A eso se le añade que el endeudamiento, tanto interno como externo, es alto, casi el 50% de la producción nacional y la rigidez para cortar gastos es de las más complicadas, reveló un informe de Moody’s Investors Service para América Latina. 

“La perspectiva para la calidad crediticia de los gobiernos soberanos de América Latina y el Caribe en 2018 es estable y refleja una mejora en las condiciones crediticias, aunque también evidencia crecientes niveles de endeudamiento e incertidumbre en torno a las elecciones que se llevarán a cabo en varios países este año”, dice Moody’s.



Para este año, de los 19 de los 29 gobiernos latinoamericanos calificados por Moody’s el 66% tiene perspectiva estable, dos (un 7%) tiene perspectiva positiva, seis (donde está Costa Rica) tienen negativa y dos (7%) están en revisión para una posible baja de calificación.

Aunque el informe no lo indique, podría pensarse que nuestro país cuenta con altas posibilidades de una rebaja.

Primero porque ya se cuenta con la perspectiva negativa, además no se ha llegado a un consenso para una solución fiscal, más la incertidumbre de quién gobernará durante los próximos cuatro años.

“No actuaremos en el corto plazo, estamos a la espera de qué dirá el próximo gobierno y la prioridad que le den al tema fiscal, pero las posibilidades de una rebaja en la calificación de riesgo del país son importantes”, indicó Gabriel Torres, analista de Moody’s, quien realiza la evaluación de Costa Rica desde hace varios años.

El informe reveló que el gasto de nuestro país es el segundo menos flexible para reducir de todo el continente, solo Brasil tiene mayores dificultades.

Nicaragua y Panamá son de los países con mejores herramientas para cortar gastos en sus gobiernos, algo que nuestras leyes no permiten.

Otro problema que indica el informe y que es de importancia, es el aumento del endeudamiento que existe por parte del gobierno para financiar el déficit.

“Ya hablamos de una comparación deuda-PIB que está alrededor del 50%, ya eso son niveles históricamente altos, no sé si es el más alto de la historia, pero no creo que esté lejos de serlo. Una buena parte de eso es en moneda extranjera, casi el 40% con lo cual existe un riesgo de un shock externo de algún tipo que impacte la tasa de cambio y que tengan problemas, así vemos que esto se está convirtiendo en algo progresivamente peor”, indicó el especialista de Moody’s.

 

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